La administración pública de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución  Política de Colombia debe estar al servicio de los intereses generales y se  desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,  economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. En este sentido, se puede  afirmar que, el estado colombiano y sus instituciones se encuentran en la  obligación de suministrar mecanismos modernos e innovadores, orientados a  materializar esos preceptos constitucionales en aras de proteger los derechos  fundamentales de los ciudadanos. 

Para lograr la anhelada institucionalidad constitucional proactiva, el gobierno  nacional puede apoyarse en políticas públicas articuladas con las nuevas  tecnologías de la información y comunicación (TIC) con la finalidad de poder  desarrollar soluciones modernas y amigables en materia de justicia, salud,  educación, empleo entre otros sectores de suma importancia. No obstante,  sería útil y conveniente también estudiar la variable poblacional, puesto que,  no es lo mismo la capacidad de adaptación por parte de jóvenes que de  personas mayores, por lo tanto, se debe diseñar ideas conjuntas que permitan  a la ciudadanía visualizar una oportunidad de crecimiento para construir  entornos inteligentes, sostenibles y colaborativos para gestionar todo tipo de  trámite que necesiten a nivel público. 

En efecto, el gobierno nacional por medio de su equipo de trabajo ha  considerado que la implementación de las tecnologías de la información y  comunicación en el sector público representa una oportunidad flexible y  competitiva para administrar, tal es el caso de la política de gobierno digital  que tiene como misión mejorar los procesos administrativos dentro de las  instituciones del estado basándose en los datos e información que las misma  sociedad suministra a diario en los distintos escenarios donde se desarrolla  ya sea a nivel central o territorial. Esto en palabras de la abogada y politóloga  María Paula Ángel Arango, se puede resumir que en la actualidad Colombia  tiene un modelo de administración pública datificada, cuya esencia consiste  en explotar datos de manera abierta para impulsar el desarrollo social y  económico del país. 

Paralelamente, si analizamos a grandes rasgos los principios de la  administración pública y del código general del proceso, los profesionales en  derecho (jueces, notarios, litigantes, funcionarios del Estado) son personas  que están inmiscuidas en temas de interés general, por esta razón, sería  conveniente que busquen de manera ágil aplicar los principios de economía y  celeridad procesal en sus pronunciamientos para así garantizar una  administración eficiente. Del mismo modo, esto es innovador en la medida que  la misma nación se preocupe por capacitar a su personal en habilidades  digitales para que logren ejecutar la misión social que tienen asignada  presidida bajo un marco de transparencia y liderazgo. 

La academia tiene un papel preponderante en la sociedad. Ellos son agentes  encargados de elaborar la malla curricular que cursan los futuros abogados.  Resultaría novedoso si en las clases de derecho, los profesores de civil,  familia, laboral , administrativo, tributario entre otros se preocuparan por  cuestionar sobre el papel que está teniendo el abogado actualmente dentro  de la sociedad y su relación con los avances tecnológicos que se viven, pues es cierto que hoy en día estamos en una economía digital y globalizada que  requiere de profesionales capaces de satisfacer las necesidades del mercado  implementando estrategias como la inteligencia artificial dentro de los  procesos judiciales y la analítica de datos para sentar precedentes que  garanticen la transformación digital en el mundo del derecho. 

Un hecho notorio en términos jurídicos, que obligó a los abogados y a sus  instituciones a cambiar la forma tradicional como se ejercía el derecho fue la  pandemia, pues esta problemática hizo que los profesionales dejarán atrás la mentalidad conservadora y se adaptaran a decreto 806-2020 (Justicia digital)  llegada esta normatividad, se comenzó a desprender una oportunidad para  ejecutar un plan de reforma judicial basándose en herramientas tecnológicas  que permitieran avanzar en términos jurídicos.  

Así las cosas, desde la rama judicial gracias a las nuevas tecnologías, se ha  dado paso a la innovación en los procesos judiciales que reposan en los  despachos, una de las formas es a través de la influencia y liderazgo gestado  por el Dr. Orión Vargas Vélez, quien es abogado de la universidad de Medellín  e Ing químico de la universidad Pontificia Bolivariana, gracias a esta unión profesional, considera hasta la fecha que, la inteligencia artificial es una  herramienta muy útil dentro de los procesos judiciales especialmente en la  etapa probatoria, pues con esta herramienta se puede asistir al juez para  hacer valoraciones más objetiva y conjunta”, lo que se traduce en la  posibilidad de dictar sentencias en menor tiempo e ir descongestionando los  despachos judiciales. 

De igual forma, si se analiza el pronunciamiento emitido por la Corte de  suprema de justicia en sentencia SC2420-2019 les recordó a los jueces que  dentro de sus facultades deben procurar el uso de las tecnologías de la  información y comunicación en los distintos procedimientos con el objeto de  proyectar un derecho encaminado a conseguir la tutela judicial efectiva bajo  los parámetros del CGP. 

Todas estas ideas expuestas, permiten entender el proceso de transición en  que se encuentra el derecho, y que acá también se puede innovar para no  quedar rezagados frente a los avances que surgen a diario para construir un  sistema jurídico más sólido y eficiente.