La administración pública de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. En este sentido, se puede afirmar que, el estado colombiano y sus instituciones se encuentran en la obligación de suministrar mecanismos modernos e innovadores, orientados a materializar esos preceptos constitucionales en aras de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Para lograr la anhelada institucionalidad constitucional proactiva, el gobierno nacional puede apoyarse en políticas públicas articuladas con las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) con la finalidad de poder desarrollar soluciones modernas y amigables en materia de justicia, salud, educación, empleo entre otros sectores de suma importancia. No obstante, sería útil y conveniente también estudiar la variable poblacional, puesto que, no es lo mismo la capacidad de adaptación por parte de jóvenes que de personas mayores, por lo tanto, se debe diseñar ideas conjuntas que permitan a la ciudadanía visualizar una oportunidad de crecimiento para construir entornos inteligentes, sostenibles y colaborativos para gestionar todo tipo de trámite que necesiten a nivel público.
En efecto, el gobierno nacional por medio de su equipo de trabajo ha considerado que la implementación de las tecnologías de la información y comunicación en el sector público representa una oportunidad flexible y competitiva para administrar, tal es el caso de la política de gobierno digital que tiene como misión mejorar los procesos administrativos dentro de las instituciones del estado basándose en los datos e información que las misma sociedad suministra a diario en los distintos escenarios donde se desarrolla ya sea a nivel central o territorial. Esto en palabras de la abogada y politóloga María Paula Ángel Arango, se puede resumir que en la actualidad Colombia tiene un modelo de administración pública datificada, cuya esencia consiste en explotar datos de manera abierta para impulsar el desarrollo social y económico del país.
Paralelamente, si analizamos a grandes rasgos los principios de la administración pública y del código general del proceso, los profesionales en derecho (jueces, notarios, litigantes, funcionarios del Estado) son personas que están inmiscuidas en temas de interés general, por esta razón, sería conveniente que busquen de manera ágil aplicar los principios de economía y celeridad procesal en sus pronunciamientos para así garantizar una administración eficiente. Del mismo modo, esto es innovador en la medida que la misma nación se preocupe por capacitar a su personal en habilidades digitales para que logren ejecutar la misión social que tienen asignada presidida bajo un marco de transparencia y liderazgo.
La academia tiene un papel preponderante en la sociedad. Ellos son agentes encargados de elaborar la malla curricular que cursan los futuros abogados. Resultaría novedoso si en las clases de derecho, los profesores de civil, familia, laboral , administrativo, tributario entre otros se preocuparan por cuestionar sobre el papel que está teniendo el abogado actualmente dentro de la sociedad y su relación con los avances tecnológicos que se viven, pues es cierto que hoy en día estamos en una economía digital y globalizada que requiere de profesionales capaces de satisfacer las necesidades del mercado implementando estrategias como la inteligencia artificial dentro de los procesos judiciales y la analítica de datos para sentar precedentes que garanticen la transformación digital en el mundo del derecho.
Un hecho notorio en términos jurídicos, que obligó a los abogados y a sus instituciones a cambiar la forma tradicional como se ejercía el derecho fue la pandemia, pues esta problemática hizo que los profesionales dejarán atrás la mentalidad conservadora y se adaptaran a decreto 806-2020 (Justicia digital) llegada esta normatividad, se comenzó a desprender una oportunidad para ejecutar un plan de reforma judicial basándose en herramientas tecnológicas que permitieran avanzar en términos jurídicos.
Así las cosas, desde la rama judicial gracias a las nuevas tecnologías, se ha dado paso a la innovación en los procesos judiciales que reposan en los despachos, una de las formas es a través de la influencia y liderazgo gestado por el Dr. Orión Vargas Vélez, quien es abogado de la universidad de Medellín e Ing químico de la universidad Pontificia Bolivariana, gracias a esta unión profesional, considera hasta la fecha que, la inteligencia artificial es una herramienta muy útil dentro de los procesos judiciales especialmente en la etapa probatoria, pues con esta herramienta se puede asistir al juez para hacer valoraciones más objetiva y conjunta”, lo que se traduce en la posibilidad de dictar sentencias en menor tiempo e ir descongestionando los despachos judiciales.
De igual forma, si se analiza el pronunciamiento emitido por la Corte de suprema de justicia en sentencia SC2420-2019 les recordó a los jueces que dentro de sus facultades deben procurar el uso de las tecnologías de la información y comunicación en los distintos procedimientos con el objeto de proyectar un derecho encaminado a conseguir la tutela judicial efectiva bajo los parámetros del CGP.
Todas estas ideas expuestas, permiten entender el proceso de transición en que se encuentra el derecho, y que acá también se puede innovar para no quedar rezagados frente a los avances que surgen a diario para construir un sistema jurídico más sólido y eficiente.
José Luis Tirado Prieto.
